
La FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual) se ha hecho eco de esta labor ministerial en su página web y da a sus usuarios la información necesaria al respecto.
Para complementar sus actividades el Ministerio de Cultura llevó a cabo la semana pasada unas Jornadas Antipiratería para policías locales (pdf), con el fin de que los profesionales de la seguridad de cada municipio tengan más recursos para erradicar este problema.
El objetivo consiste en dar a conocer a los responsables de aplicar la ley cuál es el tratamiento penal de los delitos contra la propiedad intelectual, los aspectos procesales y prácticos de la actuación policial y el papel de los policías locales, así como las consecuencias sociales, económicas y culturales de la piratería.

Resulta paradójico que en estos momentos se recuerden este tipo de campañas, cuando apenas hace 24 horas se hacía referencia en los medios digitales a los principales hackers, piratas, de la historia de la red.
Las formidables posibilidades que las nuevas vías de comunicación ofrecen a la sociedad, y más en particular a la explotación de obras, son bien visibles pero, también, pueden llegar a ser una seria amenaza para la eficacia de los derechos intelectuales.
La realidad tecnológica ofrece hoy unas hasta hace muy poco insospechadas posibilidades de copiado, en condiciones idénticas a los originales y de comunicación simultánea o no, de modo y manera que cualquiera, desde cualquier punto del planeta, apenas disponga de una sencilla infraestructura, puede acceder y disfrutar de cualquier obra, fruto del esfuerzo y de la imaginación de los creadores.
Debido a ello el Gobierno se planteó en 2005 que debía tomar medidas para disminuir y erradicar las actividades que vulneren la propiedad intelectual, como recoge el texto de dicho Plan Estratégico (pdf).

Desde esta plataforma se asegura que "un amplio colectivo de ciudadanos, asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios, empresas del sector de las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet, reclaman mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que encarece de forma indiscriminada los productos y servicios, y reafirman su posición en contra del Canon Digital que perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía." Han elaborado todo un manifiesto en contra de esta medida gubernamental y han recogido un millón de firmas para que se elimine de la ley de Propiedad Intelectual, las cuales fueron entregadas el pasado 19 de marzo.

Parece complicado encontrar el punto medio que pueda llegar a solucionar el problema y a convencer a todos. Autores, creadores y consumidores de cultura continuarán con sus ideas encontradas.
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